"La inmigrante que ha sufrido ablación no suele saberlo, se da cuenta en España"

Las ONG que trabajan contra la mutilación femenina advierten de que 10.000 niñas en nuestro país están en riesgo de sufrir la extirpación de sus genitales.

ANNA FLOTATS Madrid 07/02/2013 11:09 Actualizado: 07/02/2013 13:35

Un grupo de niños somalíes en Kenia. EFE

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Mali, 92%. Mauritania, 71%. Sudán, 90%. Egipto, 96%. En el continente africano la mayoría de mujeres están mutiladas sexualmente. Cinco millones de niñas sufren cada año la extirpación parcial de sus genitales externos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cada vez en edades más tempranas, para que no puedan negarse. 

La ONU calcula que en todo el mundo hay entre 100 y 140 millones de mujeres mutiladas. Aun así, parece que la cifra empieza a estancarse. "Cada vez hay más legislación que prohíbe la mutilación de forma expresa, con penas de cárcel bastante fuertes. Sin embargo, hay mujeres que cambian de país para someterse a la ablación porque no existe una uniformidad en la legislación. Por ejemplo, en Benín la pena de cárcel es de tres meses, mientras que en Kenya llega a cinco años", explica a PúblicoIgnacio Baño, director de la ONG Mundo Cooperante.

En España, unas 10.000 niñas están en riesgo de ser mutiladas. Son hijas de inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que cuando llegan a la adolescencia viajan a África para que se les practique la ablación. Las mujeres mutiladas quieren mutilar a sus hijas porque el hecho de no estarlo es un estigma que les impide casarse, relacionarse con los demás o recibir una dote en los matrimonios concertados. "Se trata de una práctica al margen de las religiones que tiene que ver con factores culturales y de tradición. Por eso no basta con decir que esto es ilegal. Hay que educar", insiste Baño, quien cuenta que Mundo Cooperante ha ideado en Kenia un acto simbólico que representa el tránsito a la vida adulta de las chicas pero que excluye la ablación, además de una red de casas de acogida para niñas y jóvenes que escapan de sus familias porque no quieren ser mutiladas.

Catalunya y Aragón tienen protocolos específicos contra la ablación

Detectar casos de ablación en España es muy difícil porque los médicos no están familiarizados con estas problemáticas. Además, después de producirse, es difícil intervenir porque la ablación no está tipificada como delito por agresión. Por este motivo, la clave en España es la prevención, sobre todo en el ámbito educativo y sanitario. Catalunya y Aragón han desarrollado protocolos específicos; el primero, más centrado en la actuación policial y el segundo, en la atención sanitaria. Aragón es la única comunidad autónoma en la que la mutilación genital femenina está incluida en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En el caso de mujeres adultas mutiladas, cuyas hijas tienen un 100% de probabilidades de serlo también, los ginecólogos suelen ser quienes dan la voz de alarma. "Muchas veces la mujer que ha sufrido ablación ni siquiera lo sabe. Se da cuenta en España, cuando padece problemas de salud, como dolores abdominales, de fístula o infecciones de orina que jamás había relacionado con esta práctica", advierte Júlia Pérez, presidenta de Unión de Asociaciones Familiares (UNAF). "La salud sexual de la población inmigrante hay que tratarla con claves culturales, no podemos esperar que una niña cambie de forma de pensar de un día para otro", concluye.

Adminsitración implicada 

"Es clave que todos los agentes implicados en el bienestar femenino desde el punto de vista ginecológico y de los niños desde el punto de vista pediátrico estén alerta y si detectan un caso, lo pongan en conocimiento de la Fiscalía", añade Baño. "Y los profesores tienen que tener identificadas a estas niñas, hablar con sus padres y explicarles que en España no podemos permitir este tipo de prácticas", concluye. En Aragón, por ejemplo, los padres tienen que firmar una carta asumiendo que, a la vuelta de sus viajes a África, podrán ser castigados si han cometido estos delitos de agresión. "El problema es que muchas veces ya no vuelven. Se quedan allí para evitar los controles médicos en España", explica Pérez.

A falta de un plan a nivel estatal contra la mutilación femenina, las ONG reclaman a la Administración que se implique en el tema. "Es una realidad desconocida socialmente y eso trasciende a los poderes públicos. Hace falta que la sociedad fuerce a los poderes públicos a luchar contra ello. El coste de estar atento es alto, pero el coste de este tipo de lesiones es mucho mayor. Si conseguimos que una sola niña no pase por esto, todos los esfuerzos ya habrán merecido la pena", afirma Baño.